Chile enfrenta la década más seca de su historia desde que comenzaron los registros de precipitaciones en 1915.
Es la llamada "megasequía" que ha dejado catastróficas consecuencias para agricultores y familias vulnerables.
La escasez de lluvias ha provocado un colapso en los sistemas de riego, miles de personas han tenido que ser abastecidas de agua a través de camiones aljibes y decenas de miles de animales han muerto.
Es en este contexto que, en medio del estallido social de fines del año pasado, surgió un cuestionamiento a la propiedad de un recurso que nunca antes había sido tan escaso como ahora.
Quiénes son realmente los dueños del agua en Chile, es una pregunta que por décadas no estuvo sobre la mesa y que ahora, en medio de la sequía y la pandemia de coronavirus, es uno de los temas que se debaten de cara al plebiscito que se llevará a cabo hacia fines de este año, donde los chilenos votarán a favor o en contra de crear una nueva Constitución.
Quienes están a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que ésta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
Pero la postura del gobierno de Sebastián Piñera es que, como el Código de Aguas establece que se trata de un recurso público, no es necesario modificar la Carta Magna.
"El negocio del agua"
Las autoras del libro "El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca", Tania Tamayo y Alejandra Carmona, advierten que hay grupos económicos en zonas rurales que -como tienen la propiedad del agua- han aprovechado el recurso, perjudicando a sectores vulnerables.
Citan como ejemplo el negocio de las plantaciones de aguacate en la región de Valparaíso que, al ser intensivas en el uso del agua, han provocado escasez del recurso para el consumo humano.
Pero además de la agroindustria, también mencionan los casos de empresas mineras y forestales en distintas partes del país cuya actividad comercial ha reducido el agua disponible en comunidades aledañas.
La razón detrás del fenómeno, argumentan, es que Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso.
Explican que cuando se creó el Código de Aguas durante el régimen militar de Augusto Pinochet, en 1981, una gran cantidad de particulares inscribieron a su nombre y de manera gratuita los derechos para utilizar el recurso a perpetuidad.
Desde aquel entonces, "los derechos de agua se separan de la tierra y comienzan a venderse", explica Tania Tamayo en diálogo con BBC Mundo.
Pero además la propia Constitución del país (en el artículo 19, Nº 24) establece que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos".
Así, tanto en el Código de Aguas como en la Constitución, quedó garantizada la propiedad privada del recurso en su fuente de origen.
"En Chile los derechos de agua han dado pie a un negocio muy rentable ", dice Alejandra Carmona, coautora del libro.
Por ejemplo, explica, hay un mercado para la reventa de los derechos que fueron adquiridos gratuitamente en la década de los 80.
Según investigó BBC Mundo, no existe otro mercado de venta de derechos de agua en ningún otro país latinoamericano.
¿Qué dice el gobierno?
"Hay que distinguir entre el agua y los derechos para su aprovechamiento", le dice a BBC Mundo Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas del gobierno, a través de un correo electrónico.
La legislación chilena, explica, siempre ha considerado el agua como un bien nacional de uso público, tal como lo establece el Código de Aguas y el Código Civil.
"Todos los habitantes de Chile pueden acceder al agua para su uso recreacional o consumo para sus necesidades básicas, sin necesitar autorización alguna. De hecho, cualquier persona puede construir un pozo en suelo propio para satisfacer sus necesidades domésticas", apunta Moreno.
Pero si las aguas se utilizan para fines productivos o comerciales, agrega, es necesario tener un título.
"El titular no sólo puede utilizar las aguas, sino que también puede dar el título en garantía para financiar un proyecto o heredarlo a sus sucesores", apunta el ministro.
En la práctica se pueden comprar y vender los títulos, cuyos dueños son personas, empresas o el mismo Estado.
La falta de agua en el país, explica Moreno, no es un tema relacionado con los títulos de propiedad.
"El problema real se debe a causas naturales (cambio climático y sequía) y a la falta de información y deficiencias en la gestión de los recursos hídricos".
Por lo tanto, dice, la eliminación de los títulos "no añadiría una gota a la disponibilidad de agua".
"No tengo ningún conflicto de interés"
En su investigación para escribir "El negocio del agua", las autoras descubrieron que muchos miembros de la elite política y económica del país son propietarios de títulos para aprovechar el agua.
Entre ellos, Antonio Walker, actual ministro de Agricultura y empresario agroindustrial.
"No tengo ningún conflicto de interés", le dice Walker a BBC Mundo en una entrevista telefónica.
"Tengo un derecho de aprovechamiento de agua para mis tres sociedades agrícolas. El derecho es para regar los frutales que he plantado", explica.
"Habría un conflicto si yo utilizara esa agua sin tener derecho. O si los cambios que propongo para el Código de Agua fueran en beneficio de los agricultores. Y eso no es así".
Frente al señalamiento que hacen las autoras respecto a que Walker ha recibido una gran cantidad de subsidios de agua para sus empresas, el ministro rechaza la acusación y asegura que ha competido por fondos públicos de manera justa.
¿Está privatizada el agua en Chile?
"Es una alianza público-privada", responde Walker. "Desde 1855 el Código Civil dice que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto el Estado es dueño del agua".
"El agua en el río es del Estado. Como el privado en Chile ha hecho 150.000 kilómetros de canales y grandes inversiones, el Estado le entrega un derecho de aprovechamiento de agua", explica.
"Pero es un mito cuando se dice que el privado es el dueño del agua".
Lo que pasa, agrega, es que "en Chile se respeta la propiedad del derecho de aprovechamiento".
"Alerta"
En julio del año pasado, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que agrupa a los empresarios del sector, publicó una declaración en los periódicos de Chile titulada "Alerta".
En ella el gremio criticó duramente los cambios al Código de Aguas que se discutían en el Congreso.
"Es una iniciativa inconstitucional, que atenta flagrantemente en contra de nuestros legítimos derechos adquiridos", señala el inserto.
"Con este proyecto se busca que todos los derechos de agua sean una concesión administrativa temporal, contraviniendo la especial protección que le otorga nuestra Constitución al derecho de propiedad".
La carta, firmada también por las otras cinco ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (Cámara Nacional de Comercio, Cámara de la Construcción, Asociación de Bancos, Sociedad Nacional de Minería y Sociedad de Fomento Fabril), señala que la reforma a la ley "afecta uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo país: el derecho de propiedad".
Según la SNA los principales propietarios de los derechos de aguas son alrededor de 350.000 regantes, de los cuales "dos tercios son pequeños agricultores y cerca de 30% medianos propietarios".
La declaración provocó la furia de parlamentarios opositores al gobierno, quienes reclaman contra los empresarios que adquirieron derechos de agua a perpetuidad de manera gratuita, los cuales ahora se venden por grandes sumas de dinero.
¿Qué pasa en América Latina?
El sistema chileno en relación a la propiedad del agua es muy particular.
"Chile es el único país de América Latina que tiene un esquema de transacción de derechos de agua, donde se pueden comprar y vender", le dice a BBC Mundo Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Lo común es que los países le entreguen la gestión del agua y el saneamiento a empresas privadas, pero eso no tiene relación con la propiedad de la fuente del recurso.
"Los recursos naturales le pertenecen a las naciones. Los derechos de agua son inalienables. Otro tema es que la prestación de los servicios de agua puede ser pública o privada".
Y en esa área, explica Campos, "el privado puede ser tan eficiente o ineficiente como el sistema público".
"Lo ideal es que ambos sistemas puedan desarrollarse".
En Chile, por ejemplo, "la mayor parte de los prestadores de agua y saneamiento son privados, con índices de eficiencia muy buenos".
"Pero también hay empresas públicas que funcionan bien. En esto no hay una receta", apunta Campos.
Latinoamérica, agrega, es una región privilegiada porque tiene mucha agua. Y aunque el cambio climático le ha afectado duramente, "la palabra sequía no debería ser sinónimo de escasez de agua".
"El problema es que nuestra infraestructura es obsoleta, no es adecuada para gestionar el impacto de los efectos climáticos", apunta el experto.
Campos dice que los países pueden avanzar en la solución de los problemas hídricos siempre que se definan políticas de largo plazo y que no dependan de los cambios de autoridades nacionales o municipales.
Y en ese proceso está Chile, discutiendo cómo enfrentar una megasequía que ha puesto bajo cuestionamiento el tema de la propiedad de un recurso cada vez más escaso.
Fuente: www.bbc.com/
