La mayoría de las nuevas salas que figuran en el proyecto están en distritos peronistas. El objetivo es asegurar el quórum en Diputados. En total, el dictamen agrega casi 600 nuevos cargos.
El nuevo proyecto de reforma judicial que intentará aprobar esta semana el Senado tiene letra chica. Llamativamente, el dictamen aprobado por los senadores oficialistas crea 9 salas o cámaras de apelaciones, una instancia de revisión de los juzgados federales que hasta ahora estaba en manos de otros gobernadores. En concreto, son 27 cargos de jueces de Cámara, uno de los sueldos más altos en la estructura judicial, y unos 90 cargos de funcionarios y empleados. Pero también se crean estructuras de cámara en el Ministerio Público. En total, solo ese agregado implica 41 nuevos cargos de magistrados de cámara y 202 de funcionarios y empleados. Esa proliferación de cargos responde a un acuerdo de fondo con los gobernadores peronistas para asegurarse el apoyo en ambas cámaras.
Las nuevas salas, tal como se reveló, funcionarían en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Formosa, San Luis y Mar del Plata.
La Cámara de Mar del Plata tiene una particularidad: es la única de las 9 salas/cámaras que no recibe una estructura reflejo del Ministerio Público. De hecho, la iniciativa prevé 8 fiscales de cámara (son 56 funcionarios y empleados) y 8 defensores de cámara (con otros 56 funcionarios y empleados).
De las 9 salas, 6 están en gobernaciones peronistas: Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Formosa, San Luis y Santa Fe. A cambio, el oficialismo obtiene el apoyo de los senadores que responden a esos gobernadores para darle media sanción a la reforma judicial este mismo jueces. Además es una herramienta política para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados, donde los números están muy apretados.
Las Cámaras serán instancias de revisión de los fallos de los jueces federales de primera instancia, muchos de los cuales no responden a los gobernadores de turno. Hasta ahora, la cámara de apelación funcionaban en otra provincia: San Luis y San Juan dependen de Mendoza, Jujuy de Salta, y Santiago del Estero de Tucumán, solo por citar algunos ejemplos.
A pesar de algunas sospechas, esa cámaras no serán instancias de revisión en materia electoral.
No es el único agregado en el dictamen de comisión. En total, se crean casi 600 cargos nuevos, teniendo en cuenta magistrados, funcionarios y empleados, tal como reveló ayer este medio en base a un trabajo que realizaron los equipos técnicos de Juntos por el Cambio.
También se incorporan 19 nuevas secretarias en los juzgados federales del interior. Hay secretarias en lugares como Chilecito (La Rioja), Rio Turbio (Córdoba) o Perito Moreno (Santa Cruz). El artículo 53 del dictamen establece que las nuevas secretarías deberán contar “con el personal necesario para su correcto funcionamiento”. Aunque el número no está previsto en el proyecto, se calcula unos 266 cargos nuevos, teniendo en cuenta una 14 personas por Secretaría.
Según los mismo técnicos que elaboraron estas estadísticas, el proyecto original contemplaba un gasto total en sueldos de más $1700 millones. A eso habría que sumarle más de $1200 millones de inversión edilicia. Esa cifra no incluye los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos.
El Gobierno minimizó la inversión que demanda la reforma y hasta ahora no expuso las cifras concretas de la reforma judicial. Recién la semana pasada, en base a un informe de la ministra Marcela Losardo, la senadora María de los Ángeles Sacnun informó en el plenario de comisiones que el costo de la reforma es de unos $1.900 millones. La cifra precisa es $1939 millones, dijeron en fuentes oficiales, aunque todavía se desconoce el desagregado.
Con los nuevos cargos, el costo total se habría duplicado. Los técnicos que analizan cada detalle de la reforma estiman que la masa salarial total creció a unos $2400 millones. A eso hay que sumarle otros $2400 millones en infraestructura y unos 1150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos, el costo de la reforma ahora treparía a la cifra de $6000 millones, casi el doble que los mismos técnicos habían proyecto para el proyecto original.
Fuente: www.infobae.com/
