Cuando se escuchen los ruidos de las copas en esa frontera del último instante del 2019 y el primer segundo de 2020, la Argentina consagrará un enorme fracaso: en los 19 años que transcurrieron desde el inicio del siglo, solo dos de cada 10 días el país no vivió en emergencia.
Lejos de los festejos y las caras de satisfacción que muchas veces decoran las sesiones del Congreso , la declaración de emergencia es, en el fondo, reconocen que el Estado se va a apartar de la forma convencional de hacer las cosas según la declaración de la Constitución y pasará de modo "derecho" a modo "de hecho".
Solo para terminar de afinar aquellos números: la Argentina vivió con leyes de excepción desde el 6 de enero de 2002 hasta el 1 ° de enero de 2018. Entonces transcurrieron 5.839 días con un sistema de delegaciones de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
En el período de sesiones ordinarias de 2017, la Casa Rosada no envió el proyecto de postergación por un año más. Es decir que, cuando cayó la prórroga de la anterior, el régimen de excepción cayó, y las facultades terminaron por regresar al Congreso. Dicho de otra manera: solo dos de cada 10 días, los diputados y senadores gozaron de todas las funciones que les da la Constitución Nacional.
Consecuencias económicas
Las consecuencias de semejante situación no son solo políticas políticas, sino más bien económicas. Hay varios estudios que dan cuenta de los países que tienen una legislación estable y uniforme por leyes largas crecen más que los que tienen este tipo de normativas de excepción.
La lógica de este paradigma es casi una obviedad. En el mundo de los negocios globalizados, el marco regulatorio en el que se van a desarrollar los negocios es determinante. Tanto que, en los grandes proyectos de inversión, este tipo de certidumbres (o incertidumbres, en el caso de la Argentina) constituye uno de los activos más importantes a la hora de evaluar la viabilidad o no.
Para alguien que en un rascacielos de alguna capital del mundo mira donde invertir, la posibilidad de que su ámbito de negocios cambie por la voluntad del soberano y no por la formalidad de una ley de generadores imprevistos. Como existen este tipo de reglas de excepción, probablemente va a recuperar su desembolso en el país una rentabilidad mayor para reparar su capital con más velocidad. Va a apurarse antes de que los términos cambien; va a abrir el paraguas para cubrirse en caso de que tenga que partir.
Pero la cobertura no solo se da por la posibilidad de irse, sino por el cambio de valuación que tendrá su activo. No es lo mismo que el precio de un kiosko que puede vender cualquier producto a cualquier hora, que otro que tenga que ceñirse a un horario ya determinados productos. De manual.
En los gobiernos, cuentan los administrativistas, hay dos tipos de normas. Las que "están a tiro de decreto" y, por el contrario, las que no. Cada administración se ilusiona con tener más y más posibilidades de estampar una firma y un puñado de ministros obedientes para gestionar que pasar por el Congreso.
De hecho, los burócratas de la administración pública son especialistas en la búsqueda de intersticios donde se modifican las modificaciones para evitar el diálogo y la negociación legislativa.
En 2002 era casi necesario una ley así para salir a enfrentar una situación que era apremiante. Pero el tiempo pasó desde entonces, y hasta la Argentina vivió épocas de discursos políticos donde se hablaba de crecimiento a tasas chinas.
Pero la emergencia siguió. Y se encontró en sectores que empezaron a encontrar respuestas en momentos de viento de cola. Sin embargo, jamás se fue la emergencia, sino hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri .
La política, el diálogo y el consenso se rindieron en ocho de cada 10 días desde que comenzó el siglo XXI. Dejaron la gestión a "tiro de decreto".
Fuente: www.lanacion.com.ar/
