El Presidente sólo acepta ajustar la ingeniería jurídica que se utilizará para contar las adhesiones al canje y considera que los fondos más poderosos de Wall Street actúan de "mala fe" y sin asumir las consecuencias económicas causadas por el COVID-19.
Alberto Fernández cuestionó la estrategia de negociación de BlackRock y sus aliados, y confirmó que está dispuesto a revisar la ingeniería jurídica que se aplica para contar las adhesiones al canje de los bonos, si eso significa cerrar un acuerdo mayoritario con los acreedores privados que no implique “gastar un centavo más” de lo previsto en la última oferta registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
“Actuaron de mala fe, como si fueran un cartel, y mintieron a sus socios”, dijo el Presidente durante una reunión que encabezó en Olivos, al evaluar la estrategia de negociación de BlackRock y sus adláteres que operan en Wall Street.
La opinión del jefe de Estado tomó en cuenta ciertos hechos y activó nuevas instancias de acercamiento con los fondos de inversión:
2. Frente a esa estrategia jurídica de BlackRock y sus aliados, Alberto Fernández evaluó en Olivos que se trataba de “una cartelización que muestra la mala fe en las negociaciones”.
3. En cuanto a la calificación de mentirosos a los principales acreedores del país, el Presidente sostiene que BlackRock aseguró a sus socios “que el Gobierno había aceptado correrse y mejorar la oferta”. Una información que se demostró falsa por las propias afirmaciones de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Martín Guzmán.
Y a partir de ese paper, el Presidente considera “imposible” mejorar otra vez la oferta a los bonistas. Ese paper, oficial y reservado, describe lo siguiente:
B). En diez años de recorrido del eventual acuerdo, la diferencia es de 6.140 millones de dólares a favor de los fondos de inversión.
Al margen de las diferencias económicas, el Presidente desea exhibir su “buena fe” y autorizó encontrar una salida al planteo jurídico que formuló Jennifer O´Neill, principal negociadora de BlackRock, al ministro de Economía. O´Neill, como otros negociadores de los fondos de inversión, temen que Guzmán manipule la aplicación jurídica de las CAC para ejecutar una re-asignación de los bonos que desemboque en la imposibilidad de iniciar juicios por default en los tribunales de Manhattan.
“Escriban la solución jurídica, y si está correcta, es posible que también sea respaldada por el G20 y el FMI”, aseguró Guzmán a O´Neill.
BlackRock ya está trabajando en este andarivel del posible acuerdo, y el Gobierno ya empieza a sumar volumen académico a su propuesta de cerrar un acuerdo de buena fe antes que concluya el invierno. Guzmán ayer leyó y releyó un paper académico que respalda el punto de vista del Gobierno. Ese paper, firmado por los influyentes catedráticos Lee C. Buchheit y Mitu Gulati, lleva como título “The Argentine Collective Action Clause Controversy”.
Y hace pocas horas, Kevin P. Gallagher, otro importantísimo estudioso de la Universidad de Boston, posteó un tuit que califica a los acreedores privados como “maliciosos”, al comentar una nota del Financial Times sobre la reestructuración de la deuda. “Argentina bondholders go rogue, need to be reigned in by #IMF “, escribió Gallagher en su cuenta personal.
La oferta oficial vence el próximo 4 de agosto. Todavía no hay acuerdo, y la negociación tiene etapas de lucha en el barro y fino ajedrez de salón. Las diferencias se pueden explicar en una cifra: 6.140 millones de dólares.
Fuente: www.infobae.com/
