¿Está controlado el coronavirus en Venezuela?
Informes científicos y organizaciones internacionales sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en Venezuela alertan de que lo peor está por llegar.
Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de contagios y Europa intenta poco a poco recuperar la normalidad, Venezuela ha evitado de momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable.
El gobierno venezolano había reportado hasta este 27 de mayo 1.245 casos y 11 muertes con coronavirus, unas cifras muy por debajo de las de los países de su entorno.
El último estudio en dar la voz de alarma ha sido uno elaborado conjuntamente por la ONG Human Rights Watch y por los centros para Salud Pública y Derechos Humanos y para Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, la institución que diseñó el mapa de seguimiento de la pandemia de referencia en todo el mundo.
Según el estudio, "la absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano" agrava el riesgo de propagación del virus en América Latina y hace necesario el envío urgente de ayuda humanitaria.
Sus conclusiones están basadas en el trabajo de un equipo de expertos que realizó entrevistas en profundidad a personal sanitario en 14 hospitales venezolanos, así como a trabajadores humanitarios y expertos en sanciones en los últimos meses, antes del inicio de la pandemia.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el 5 de mayo que Venezuela tenía la menor tasa de fallecidos y contagiados del continente americano.
Pero en los últimos días, el informe diario del gobierno ha recogido un incremento sostenido de los contagios.
Hay informes que indican que los casos reales son muchos más de los reportados por las autoridades y que la curva de los contagios podría aumentar pronunciadamente en las próximas semanas, poniendo al límite de sus capacidades a uno de los países más vulnerables, según Naciones Unidas.
De acuerdo a un reciente estudio de la Academia de Ciencias de Venezuela, el país debe prepararse para que el pico de la pandemia llegue entre los meses de junio y septiembre, con entre 1.000 y 4.000 nuevos casos diarios. El martes el gobierno informó de 34 contagios nuevos.
"En Venezuela, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio. Sin embargo, no parece factible que la epidemia detenga su avance", señala el informe.
Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, "lo de Venezuela es una bomba de tiempo que está a punto de estallar".
Falta de tests fiables
Desde que hace ya más de dos meses decretó una cuarentena nacional, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que lleva a cabo un "programa de despistaje masivo y personalizado".
El 28 de abril, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela "es el país de América Latina que más pruebas por millón de habitantes ha realizado", con más de 15.500.
Pero, de acuerdo con el informe de situación publicado el 22 de mayo por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de las pruebas realizadas por las autoridades venezolanas han sido tests rápidos "de sensibilidad limitada".
Solo un 2,3% habían sido pruebas PCR, las consideradas más fiables por la Organización Mundial de la Salud.
El gobierno solo ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas al Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas, lo que, según expertos médicos consultados por BBC Mundo que no quisieron dar su nombre por temor a represalias, limita la capacidad de detectar la penetración del virus en territorio venezolano.
"Se ha propuesto al gobierno que clínicas privadas y universidades puedan sumarse al esfuerzo para la realización de pruebas y ha contestado que no. Da la impresión de que la prioridad para ellos es el control de la información antes que el combate a la pandemia", indicaron.
Ya el informe de la Academia incluyó entre sus recomendaciones la "descentralización del diagnóstico mediante la incorporación de otros laboratorios" con capacidad para llevar a cabo las pruebas PCR.
Poco después de hacerse público, Diosdado Cabello, uno de los más destacados dirigentes chavistas, afirmó en su programa televisivo que el informe "era una invitación a que los organismos de seguridad del Estado llamen" a sus autores, algo que fue interpretado como una amenaza.
Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos han denunciado "la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial".
El Ministerio de Comunicación no respondió a una solicitud de comentarios de BBC Mundo.
Una curva en ascenso
Aunque aún muy lejos de las cifras que reportan otros países de la región, la estadística venezolana de contagios empieza a engordar.
Después de casi dos meses dando un parte diario que casi nunca superó los 20 contagiados, en los últimos días se llegó incluso a superar el medio centenar.
Este lunes, las autoridades ordenaron el cierre del concurrido mercado de Las Pulgas, en la ciudad de Maracaibo(norte del país), donde se había detectado un brote.
Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los comerciantes que protestaban por la medida.
Las condiciones de salubridad en centros de concentración popular como el mercado de Las Pulgas ya eran dudosas antes de la pandemia y los expertos temen que ahora favorezcan la propagación del virus.
Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins han alertado del riesgo que supone el hacinamiento en las zonas populares y en las cárceles, y de la falta de agua en zonas de alta densidad.
Las interrupciones en el suministro de agua son frecuentes en muchas comunidades del país y sin agua resulta imposible seguir el consejo básico de lavarse las manos con frecuencia para prevenir los contagios.
Esta semana, Caracas vivió varias protestas por la falta de agua en la ciudad y el reparto de la que llegaba en camiones cisterna provocó colas y empujones entre la muchedumbre.
Un sistema sanitario "colapsado"
Venezuela ocupa el puesto 180 de un total de 195 países en el índice de Seguridad Sanitaria Global de la Johns Hopkins.
Trabajadores de la salud, organismos internacionales y la oposición a Nicolás Maduro llevan años denunciando el deterioro del sistema sanitario.
Las carencias pueden dejarse sentir especialmente en el contexto de la pandemia.
La doctora Kathleen Page, de la Universidad Johns Hopkins, teme que se produzca "un alto índice de mortalidad entre los pacientes que necesiten tratamiento en los hospitales", donde no se cuenta con respiradores ni camas de terapia intensiva suficientes, afirma.
Según la Encuesta Nacional de Hospitales, elaborada anualmente por el colectivo Médicos por la Salud, solo un 9% de los centros hospitalarios venezolanos tienen agua de forma regular y continua.
Y organizaciones profesionales han alertado de que médicos y enfermeras no cuentan con los equipos de protección necesarios para hacer frente con seguridad a una enfermedad tan contagiosa como la covid-19.
Maduro se refirió en una de sus frecuentes apariciones televisivas al incremento de los contagios detectado entre médicos y enfermeras y culpó a los profesionales.
"Es inaceptable que el personal sanitario se contamine", dijo.
Y añadió: "Están los guantes, las batas. los tapabocas, los lentes. Están los protocolos de cómo se ponen las protecciones, de cómo se quitan las protecciones".
"No acepto ese tipo de debilidades en la disciplina".
Los profesionales sanitarios sufren también las consecuencias de la escasez de gasolina, que se ha agravado en las últimas semanas.
Aunque el gobierno anunció que tendrían prioridad para repostar, muchos no logran hacerlo y tienen así difícil poder ir a trabajar.
La falta de combustible dificulta también el traslado de los enfermos a los centros sanitarios.
El impacto de las sanciones
Estados Unidos ha impuesto sucesivas rondas de sanciones contra el gobierno de Maduro, al que acusa de ser un gobernante ilegítimo.
Aunque el gobierno de Donald Trump y sus aliados en la oposición venezolana insisten en que las sanciones no afectan a los artículos de primera necesidad ni a los envíos humanitarios, muchos creen que están agravando el efecto de la crisis económica y las malas políticas del gobierno sobre la población.
El analista Luis Vicente León señaló en un artículo recientemente publicado en el diario "El Universal" que si las sanciones no logran forzar la salida de Maduro a corto plazo, se corre el riesgo de que "el deterioro de la calidad de vida de la población" sea "monumental" y "la destrucción económica y de infraestructura del país, mucho peor que la actual".
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió en marzo el levantamiento de las sanciones que puedan dificultar la respuesta de los países a la emergencia de la pandemia.
El gobierno de Maduro culpa a las sanciones "criminales" de Estados Unidos de los problemas económicos en el país.
Washington no ha dado hasta ahora muestras de querer rectificar su política de "máxima presión" contra Maduro.
El riesgo del éxodo
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que más de cinco millones de venezolanos han dejado su país en busca de mejores condiciones de vida, una cifra que podría incrementarse a causa del impacto sanitario y económico de la pandemia.
En los últimos meses, sin embargo, se ha detectado el regreso de muchos de ellos ante el cierre de los países vecinos que los acogían, donde ya no pueden ganarse la vida.
El gobierno venezolano exige a los nacionales que regresan que se sometan a una cuarentena en centros designados, pero se han producido denuncias por la saturación y la mala alimentación en ellos.
Para Human Rights Watch, "la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela".
El temor a las posibles repercusiones en la región ha hecho redoblar los llamamientos para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela y esta semana la Unión Europea y el gobierno español celebraron una conferencia internacional de donantes para atender a la migración venezolana.
Antes de la aparición del coronavirus, Acnur estimó que harían falta US$1.350 millones para atender las necesidades de los migrantes venezolanos. La extensión del coronavirus puede hacer que esa cifra se quede corta.
Fuente: www.bbc.com/
