Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, aseguró que no son haberes jubilatorios de privilegio, sino de protección: “La intangibilidad de nuestros ingresos es para garantizar la independencia de los jueces". Dijo, además, que la ley podría generar un vaciamiento del Poder Judicial y que no influye en el sistema recaudatorio.
El viernes cerca de las ocho de la noche ingresó por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.
Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura y hasta la semana pasada titular del cuerpo, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.
Ponderó, entre sus argumentos, el principio de intangibilidad de las remuneraciones y las jubilaciones de los magistrados, como un derecho amparado por la constitución para garantizar la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, a fin de evitar ser corrompidos desde otros poderes del Estado y vulnerar, así, esa garantía. “La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”.
La norma enviada al Congreso es parte de una reforma que busca “reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”. Recondo sentó su posición: “Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes, y para que sean independientes existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones. Es cierto que el puesto lo ejerce una persona, pero en realidad esa protección está dirigida al justiciable. La Convención de Costa Rica lo dice: ‘Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente’”. “Yo entiendo que a la gente no le guste, pero teóricamente la ventaja en definitiva es para la persona que va a ser juzgada por el juez”, agregó en diálogo con el programa Aire de Noticias por Radio Mitre.
La propuesta a la modificación del régimen previsional especial para el Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación plantea que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas -es decir, los últimos diez años-. Recondo desacreditó las razones que esgrime del oficialismo en la funcionalidad de esta ley. “Espero que no se concrete porque va a generar un vaciamiento del poder judicial. Ahora hay 300 vacantes: va a haber 300 más. Y al sistema recaudatorio no influye en absoluto. No se trata de una ley de privilegio: nosotros necesitamos 30 años de aporte, 20 años en el poder judicial, cinco años por lo menos en el cargo en el que pretendemos jubilarnos, hacemos aportes superiores sin tope. Se habla de jueces que cobran sumas exorbitantes de jubilaciones de 700 mil pesos. Es para jueces en zonas desfavorables con funciones electorales. Al sur de Río Negro cobran un 40% más y en cuestiones electorales un 20%. Que le saquen eso cuando se jubilan. Creo que ha sido un proyecto poco estudiado en el marco de otras reformas. Se han equivocado gravemente”.
Ricardo Recondo, que se había presentado para presidir el Consejo de la Magistratura desde la lista Bordó, con mayor afinidad a Cambiemos, le dejó su puesto al camarista federal Alberto Lugones. Fue elegido por unanimidad por los doce integrantes del organismo que se encarga del nombramiento y remoción de los jueces, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Lugones se postuló al cargo por la lista Celeste, cercana al kirchnerismo.
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