La Casa Blanca asegura que Donald Trump ordenó matar al general Qasem Soleimani el pasado 3 de enero para "disuadir futuros planes de agresión de Irán".
La prometida "severa venganza" de Irán, por el momento, ha consistido en lanzar una serie de misiles el miércoles contra dos bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. Dice Teherán que "en defensa propia".
El ataque iraní no causó víctimas mortales y tanto Washington como Teherán parecen decididos a rebajar la tensión y acallar los tambores de guerra que resuenan desde el asesinato de Soleimani.
Pero ¿cuál es la base legal para justificar el ataque estadounidense contra Soleimani y la respuesta iraní?
¿Legítima defensa?
Ambos países han hecho alusión a la "legítima defensa" para justificar sus acciones.
Irán citó en concreto al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que está dentro del Capítulo VII dedicado a la "acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión".
El artículo 51 que citó en su tuit el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javd Zarif, establece: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".
Este artículo tiende a ser interpretado de diferentes formas por los gobiernos, advierten expertos en derecho.
Así, Estados Unidos también considera que el documento de la ONU ampara su decisión de matar al general iraní.
"En el caso de Soleimani, EE.UU. alega que actuó en defensa propia para evitar ataques inminentes, una categoría de acción que, de ser cierta, generalmente se ve como admisible bajo la Carta de Naciones Unidas", señala Dapo Akande, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y codirector del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de Oxford.
Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, tuiteó su opinión sobre este punto:.
"El criterio para la llamada defensa propia anticipatoria es muy estrecho: debe ser una necesidad instantánea, abrumadora y que no deje espacio a la elección de los medios ni momento para la deliberación. Es improbable que este requisito se cumpla en este caso en particular", escribió.
Callamard también dijo que la muerte de otras personas en el bombardeo contra Soleimani fue "absolutamente ilegal".
El primer comunicado del Departamento de Defensa de EE.UU., que omitió la palabra "inminente", defendió que el ataque contra Soleimani tenía como objetivo evitar futuras agresiones iraníes y denunció que el comandante iraní estaba desarrollando activamente "planes para atacar a militares y diplomáticos de EE.UU. en Irak y toda la región".
En posteriores comunicados, autoridades estadounidenses -incluido el presidente Trump- dijeron que Soleimani tramaba "ataques inminentes".
Sin embargo, la revelación del primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, sobre el motivo por el que el general Soleimani estaba en Bagdad el día de su muerte contradice esa supuesta trama de ataques contra EE.UU.
"Se suponía que me iba a encontrar con él la mañana del día que lo mataron. Vino para entregar un mensaje de Irán en respuesta al mensaje que les habíamos entregado de parte de los sauditas", declaró Abdul Mahdi.
El jefe del gobierno iraquí explicó que el encuentro estaba destinado a rebajar tensiones entre Teherán y Arabia Saudita, algo que también era beneficioso para Washington.
Elizabeth Warren, aspirante a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo noviembre en EE.UU., declaró: "El gobierno no es capaz de mantener una misma versión".
¿Qué pruebas hay de ataques planeados por Irán?
La legalidad del ataque mortal contra Soleimani, según el derecho internacional, puede depender de que Estados Unidos aporte pruebas de esas supuestas futuras agresiones, sostiene Akande.
El gobierno de EE.UU. no ha expuesto detalles públicamente, pero dice que ha compartido material de los servicios de inteligencia con figuras clave del Congreso estadounidense.
Ante la pregunta de un periodista el pasado martes sobre las "inminentes amenazas", el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mencionó los incidentes previos ocurridos hace unos días en Irak (en referencia a la muerte de un contratista estadounidense en Kirkuk y el ataque contra la embajada de EE.UU. en Bagdad), pero no aportó ninguna prueba de ataques inminentes.
Hay otras justificaciones que se han usado en el pasado, opina Ralph Wilde, experto en Derecho Público Internacional de la University College de Londres.
"Desde el 11 de septiembre [de 2001], EE.UU. ha adoptado una postura según la cual se puede alegar defensa propia para evitar ataques a largo plazo; es decir, ataques que se están planeando, aunque no sean inminentes. El gobierno de Obama utilizó ese argumento para justificar ataques con drones", añade.
Volveremos a este punto más adelante.
¿Qué pasa con el consentimiento?
Otra cuestión importante es si EE.UU. tenía consentimiento de Irak para ejecutar el ataque en ese país.
Parlamentarios iraquíes reaccionaron con ira y aprobaron una resolución no vinculante en la que llamaron a la retirada de las tropas estadounidenses del país.
El gobierno iraquí calificó la acción de EE.UU. de "una descarada violación de la soberanía de Irak".
Las tropas de Estados Unidos fueron invitadas a Irak para combatir al autodenominado Estado Islámico (EI) y para entrenar a las fuerzas iraquíes.
Y aunque en Estados Unidos se puede alegar que esta invitación constituye una forma de consentimiento y le da derecho a proteger sus intereses y personal dentro de Irak.
Pero Akande aduce que, en la práctica, los términos del acuerdo para albergar tropas estadounidenses no incluyen llevar a cabo un ataque de este tipo.
¿Se pueden atacar monumentos culturales?
El pasado domingo, Trump advirtió en un tuit que EE.UU. podría atacar lugares culturales "importantes para Irán y la cultura iraní" si se produjera un ataque contra intereses estadounidenses.
El canciller iraní manifestó que un ataque contra un lugar cultural sería un crimen de guerra.
La amenaza de Trump refleja una "cruel desconsideración por el estado de derecho global", expresó Andrea Prasow, de la organización Human Rights Watch.
El gobierno de EE.UU. insistió en que se comportará conforme a la legalidad.
Pero un ataque contra un lugar cultural violaría varios tratados internacionales.
La Convención de La Haya para la Protección de la Propiedad Cultural (1954), firmada por EE.UU., se adoptó para salvaguardar los monumentos culturales tras la destrucción de patrimonio que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial.
En 2017, la ONU aprobó una resolución en respuesta a ataques de EI en la que se condenó "la destrucción ilegal del patrimonio cultural, incluida la destrucción de lugares y objetos religiosos".
EE.UU. fue uno de los más fervientes críticos de la destrucción por parte de EI de Palmira, Siria, en 2015, así como de la demolición a manos del Talibán de los Budas de Bamiyan en Afganistán en 2001.
En 2016, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó por primera vez a una persona por la destrucción de patrimonio cultural después de que un extremista vinculado a al Qaeda destrozara objetos religiosos en Mali.
Estados Unidos no forma parte de la CPI, pero es país signatario de otros acuerdos para proteger el patrimonio cultural y cualquier ataque representaría un giro significativo.
Trump no es el único
Varios expresidentes han interpretado la ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por su sigla en inglés), diseñada para permitir el uso de la fuerza militar contra individuos que hubieran ayudado a ejecutar los ataques de 2001 contra EE.UU., para justificar sus políticas.
Con el tiempo, las críticas a Obama por los ataques con drones se acallaron. Según el historiador presidencial David Greenberg, esa práctica se vio como "un camino para intentar limitar las peores brutalidades de la guerra".
El predecesor de Obama, George W. Bush, forzó los límites de la guerra de otra manera.
Autorizó los llamados métodos intensivos de interrogatorio, con simulación de ahogamientos y otras tácticas descritas como tortura. En su caso, las duras prácticas terminaron por definir su mandato.
Antes de eso, el presidente Clinton aceptó el transporte de sospechosos de terrorismo a países donde se tortura a los prisioneros.
Algunos expertos arguyen que el problema real es que los presidentes tienen demasiado poder y llevan las cosas demasiado lejos.
"Usaron su autoridad para realizar actos que nosotros vemos como ilegales, inmorales o poco éticos, escoge la palara que quieras", dice Andrew Bacevich, presidente del Quincy Institute, un centro especializado en política internacional.
"El problema no es Trump, sino que le hemos otorgado a la presidencia una autoridad excesiva", opina.
Como apunta Bacevich, los presidentes a lo largo de la historia han forzado los límites de la ley. La pregunta ahora es, ¿qué viene después?
Fuente: www.bbc.com/
