El Presidente volvió a instalar el proyecto en la agenda pública. Inquietud en el kirchnerismo. Quién es la gestora del jefe de Gobierno que va a manejar las finanzas.
Alberto Fernández abandonó en los últimos días la cuarentena política que hasta hace poco estaba solo reservada para temas sanitarios y empezó a tratar de colar en la agenda pública otras iniciativas que tuvieron que quedar archivadas por el avance de la pandemia.
Una de ellas, la reforma judicial que anunció con entusiasmo en su discurso legislativo del 1 de marzo, volvió a instalarse en estos días después de que el Presidente anunciara por televisión que el texto ya está listo y que será enviado al Congreso más temprano que tarde.
“El proyecto está terminado. El Presidente dijo que sí... Se ve que está de acuerdo con lo que le enviamos”, resaltaron a este medio en el entorno de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que trabajó junto a sus colaboradores en la redacción del texto con un celo tan pronunciado que incluso el kirchnerismo duro tuvo sus ratos de zozobra.
A fines de enero, como reveló este medio en aquel momento, un reducido pero representativo grupo de dirigentes y ex funcionarios vinculados a la Justicia se reunió con Cristina Kirchner en el Instituto Patria para conocer detalles de la reforma y buscar influir en la misma. La ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que abrió su estudio a metros del Congreso, fue una de las participantes. “Queremos aportar”, pidieron, según confiaron fuentes al tanto de la reunión de verano. El coronavirus recién empezaba a inquietar, aunque muy tímidamente, a Europa.
“Tenemos listo el proyecto de ley de reforma judicial. Cuando vuelva a funcionar el Congreso lo voy a mandar. Se intenta resolver el tema penal, fundamentalmente, el contencioso y administrativo y el tema civil y comercial federal. Se trata de ordenar el sistema y de terminar con esos espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme”, adelantó el Presidente una semana atrás en una entrevista televisiva.
Los jueces no fueron ni consultados ni notificados. “No sabemos nada”, remarcó uno de los jueces más emblemáticos de los tribunales federales de Comodoro Py. No hubo consultas, ni llamados telefónicos, ni trascendieron borradores, dice. Solo versiones del texto que Fernández tiene sobre su escritorio y que cuyo envío al Parlamento termina de pulir.
“La última reforma de la Justicia Federal Criminal Penal fue en los ’90. Había seis juzgados y se amplió al doble”, abundan en el Ministerio de Justicia para darle un sentido a la reforma en cuestión.
Los trascendidos sobre la unificación y la creación de nuevos juzgados en una eventual conjunción entre los fueros criminal y correccional y penal económico -civil y comercial y contencioso administrativo, por otro carril- son los más taquilleros, por ejemplo, en Comodoro Py, donde se dirimen, entre otras, las causas de corrupción del sistema político, sindical y empresario.
“¿Cuál es el objetivo? ¡Las vacantes para cubrir!”, razonó, en esa línea, un experimentado magistrado federal que no tiene idea de los pormenores del proyecto que descansa en el despacho presidencial. Si los trascendidos son fundados, la iniciativa apunta a la creación de una docena más de juzgados.
“No hubo debate. Hubo dos líneas de proyecto distintas. Pero es una decisión del Presidente”, reconocieron. Más allá de la iniciativa, que aún no tiene fecha de entrada al Parlamento, se discute además el impulso del sistema acusatorio, que le da más poder a los fiscales y que aún no fue implementado, en buena medida, por cuestiones presupuestarias.
En el Gobierno defienden la reforma. Insisten en que la discusión por el número de integrantes de la Suprema Corte no existe, a pesar de que Alberto Fernández tiró el tema sobre la mesa durante la semana y se abrieron una serie de especulaciones al respecto. A la vicepresidenta, de todos modos, le fascina cada tanto infundir temor en torno a la vinculación entre la Casa Rosada y el tribunal.
La composición de la Corte, juran en el Gobierno, no es motivo de debate de esta reforma. Sí se busca, según pudo saber este medio, regular los recursos extraordinarios que llegan al máximo tribunal, una norma que es cierto que se retocó con el tiempo pero que data de los ’60. Hay recursos que duermen por años.
El Presidente instaló de nuevo en la agenda pública la reforma judicial justo cuando la relación con la oposición volvió a agrietarse. En la misma semana en la que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, anunció que dejaría de querellar en dos causas en las que está involucrada la propia ex Presidenta. Y en vísperas de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara finalmente la desestimación de cuatro denuncias contra el juez Rodolfo Canicoba Corral por mal desempeño.
Horacio Rodríguez Larreta había empezado a relacionarse tibiamente pero con más decisión con el mundillo de la Justicia federal, en vistas de su objetivo presidencial, cuando el coronavirus cooptó por completo la agenda.
Se entrevistó, por intermediación de un colaborador que trajina desde hace años el Poder Judicial, con algunos de los principales jueces y operadores. Una primera aproximación que el jefe de Gobierno utilizó como presentación en sociedad.
Mientras tanto, el jefe de la Ciudad mandó a estudiar, a principios de marzo, las distintas alternativas jurídicas que tenía a su alcance ante el anuncio inminente de la Casa Rosada, saboteado por el coronavirus, de recorte de la porción de coparticipación que su administración recibe del Estado nacional.
Sus cerebros jurídicos dedicaron horas y horas a analizar si lo conveniente, llegado el caso, era un amparo o si recurrir directo a la Corte. Si el recorte sería o no constitucional. Si el decreto con el que Mauricio Macri incrementó la coparticipación porteña, en el 2016, era o no defendible.
Pero en paralelo, y sin agitar demasiado, Rodríguez Larreta avanzó en la reforma de las leyes orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, una iniciativa que fue aprobada hace diez días por sus legisladores, sin el acompañamiento del Frente de Todos, y que crea una “Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial” que reemplaza a las oficinas de administración y financiera de ambos órganos.
“Controla plata, controla poder”, explica un avezado colaborador jurídico del jefe de Gobierno sobre el avance de Rodríguez Larreta sobre la “caja” de la Justicia porteña.
La nueva estructura espera que el plenario del Consejo de la Magistratura local proponga el nombre del nuevo administrador que tiene que contar con la aprobación de la Legislatura.
Un mero formalismo legal: la elegida para conducir la nueva secretaría que va a controlar los fondos del Poder Judicial de la Ciudad es Genoveva Ferrero, una joven abogada que responde directo a Rodríguez Larreta.
Ferrero hizo una pasantía en CIPPEC, trabajó de asesora en el Congreso y pasó por la Legislatura hasta que conoció a Edgardo Cenzón, el ex ministro de la Ciudad y de la Provincia que la apadrinó mientras se convertía en un funcionario clave para Mauricio Macri.
La abogada se enteró de que la Legislatura daba luz verde al proyecto enviado por el Ejecutivo mientras tomaba café en la oficina de Marcelo D’Alessandro, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad: hasta diciembre, Ferrero manejó las compras y el presupuesto del Ministerio de Seguridad.
Los rumores sobre el avance del jefe de Gobierno en el control de las finanzas judiciales -el texto original, más osado, incluía facultades para auditar juzgados que al final fueron excluidas-, que la Ciudad presenta como un manejo administrativo más estricto y moderno, son variados.
El principal apunta a que en los últimos años el control de la caja se descontroló. Los principales actores que influían en ese manejo bifurcaron sus objetivos. Daniel Angelici, que pasa los días aislado en su casona del Gran Buenos Aires -la cuarentena obligó a cortar las partidas de cartas que organizaba semanalmente-, se abocó en los últimos dos años mucho más a Boca, con poco éxito: en diciembre perdió las elecciones.
Juan Manuel Olmos, que se divide con Angelici la injerencia sobre la Justicia local, también dedicó más horas a la candidatura presidencial de su amigo hasta que Fernández ganó las elecciones y fue ungido como Jefe de Asesores de la Casa Rosada.
La administración del Poder Judicial estaba en manos de Luis Montenegro, un funcionario que reportaba a Olmos. Montenegro dejó ese lugar y fue ocupado transitoriamente por un funcionario de planta que también le reporta.
Rodríguez Larreta, entonces, decidió tener un control directo a través de Ferrero, que tiene diálogo con la Coalición Cívica, vínculo directo con Angelici, relación con Olmos y con Juan Bautista Mahiques, el fiscal general de la Ciudad, con el que se juntó hace algunas semanas. Las versiones indicaban también que la creación de la nueva estructura es una señal a Mahiques.
Angelici, en tanto, mira de reojo la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández. En el mundillo judicial aseguran que está tan interesado en esa iniciativa como en la porteña.
Fuente: www.infobae.com/
