Se trata de Ana Bellusci, quien declaró el fin de semana en indagatoria, tras haber sido detenida el jueves por “propagación dolosa” de la enfermedad en el Centro de Salud Norte, de Vicente López, junto al director y el dueño.
La coordinadora médica del Centro de Salud Norte, Ana Lorena Bellusci, detenida desde el jueves último, fue aceptada como arrepentida en la causa judicial en la que se investiga la “propagación dolosa” del coronavirus en esa clínica de Vicente López, prestadora de PAMI, donde hubo al menos 36 personas contagiadas y 2 pacientes fallecidas.
Esta profesional fue acusada, además, por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de integrar una asociación ilícita y del homicidio culposo de Fátima Cellini, una mujer de 65 años que falleció en ese nosocomio, y cuyo análisis post mortem dio COVID positivo. Esta jubilada no fue tratada por la enfermedad ni se le hizo el hisopado en vida. En total los contagios contabilizados por la Justicia en este nosocomio fueron 36, y ademá de Cellini falleció otra paciente de coronavirus.
La declaración como arrepentida de Bellusci ante el fiscal federal Fernando Domínguez tuvo lugar el sábado, acompañada de sus abogadas –su hermana Florencia Bellusci y Silvana Cedrola–, luego de que fuera informada de esa posibilidad en el Juzgado de Arroyo Salgado. Según se pudo saber, las letradas de la médica quedaron “muy conformes” con el trato por parte de la magistrada y el fiscal que recibió Bellusci, quien manifestó su voluntad de colaborar con la causa.
La coordinadora médica estuvo detenida en la delegación de la Policía Federal de San Isidro y fue liberada en horas de la tarde. Bellusci ingresó inmediatamente al Programa de Testigos e Imputados Protegidos y le fue concedida custodia personal, a pedido de su defensa.
Bellusci confirmó la adulteración de las historias clínicas de pacientes, no solo en el caso de Cellini, sino como “práctica habitual”, según una fuente con acceso al expediente. Sin embargo negó haber participado de esa maniobra ya que tras el fallecimiento de Cellini el 6 de abril, tres días después ingresó en aislamiento obligatorio por un mes.
Al iniciarse la investigación judicial a principios de abril, la alteración de las historias –según surge de las escuchas reveladas–, estaba destinada a aliviar su situación judicial y la de los otros dos detenidos, el director médico Jorge Pinzetta y el dueño del Centro de Salud Norte, el empresario José Benjamín Teitelbaum. La clínica fue allanada en dos oportunidades por Arroyo Salgado para llevarse todas las historias clínicas, entre otra documentación de interés para la investigación.
La médica dio detalles, además, de la operatoria de la clínica con PAMI y cómo funcionaba la cobertura de las prestaciones. La Regional de San Martín de la obra social de los jubilados fue allanada el viernes pasado, y se secuestró el teléfono de la directora médica Nancy Pelliza, tal como fue adelantado. Tanto ella como Mariela Torres, responsable de la Regional V del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aparecen en las escuchas telefónicas que constan en la causa judicial. En una de ellas, Torres se “solidariza” con Pinzetta por la situación que estaba atravesando y se queja de la actuación de Arroyo Salgado.
Bellusci también reconoció que personal desde distintos organismos de control le avisaban a la clínica de las inspecciones con anticipación. La magistrada también le ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Vicente López su clausura preventiva el 17 de abril pasado, aunque la medida no terminó de concretarse ese día por la dificultad de trasladar a los pacientes que estaban internados. Si bien la medida fue levantada el 8 de mayo, aún no volvió a recibir pacientes, y el Municipio que conduce Jorge Macri decidió el viernes pasado mantener su clausura por deficiencias edilicias y de habilitación comercial.
En otro tramo reveló que Teitelbaum le había pedido que no lo identificara como el dueño del Centro de Salud Norte, sino solo como una suerte de gerente para intentar diluir sus responsabilidades. Este empresario es además dueño del Sanatorio Mariano Pelliza, en Munro, que también fue allanado en el marco de esta causa por la Justicia.
A partir del delito de “propagación dolosa” del que habrían sido coautores la coordinadora médica, Pincetta y Teitelbaum, la Justicia también investiga las eventuales responsabilidades de las autoridades de los órganos de control, su grado de participación y/o posible encubrimiento, o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Bellusci señaló que nunca sospechó que Cellini podría tener coronavirus y, por eso, intentó reanimarla cuando sufrió el primer paro cardiorespiratorio, inclsuo estando en contacto con su cuerpo por un lapso prolongado. A su vez, negó la imputación de integrar una asociación ilícita y de contribuir a propagar la enfermedad en forma dolosa en la clínica. Según su defensa, pudo haberse equivocado en el diagnóstico de esa paciente, pero no hubo dolo posterior.
En su declaración como arrepentida, la médica también confirmó las malas condiciones edilicias de la clínica y la deficiente atención sanitaria, algo que ya habían declarado varios de los testigos en el expediente, en su mayoría, bajo reserva de identidad, por miedo a perder su trabajo en la clínica o recibir represalias.
Diego Olmedo, abogado de Pinzetta y Teitelbaum, ante la consulta de Infobae sostuvo que todavía no conoció el contenido de la declaración. “Pedí acceso al sistema para verla y me dijeron que aún no está subida al sistema por razones técnicas, siendo que declaró el sábado. O sea, hay un secreto de sumario encubierto, tal como ha ocurrido desde el 17 de abril con esta defensa”, se quejó.
Los motivos de la detención
Bellusci, Pinzetta y Teitelbaum fueron detenidos el jueves a primera hora en sus domicilios por Arroyo Salgado a pedido de Domínguez para “impedir que se continúen desarrollando acciones de entorpecimiento contra la investigación en curso”. Asimismo, la jueza consideró el testimonio de testigos que, bajo identidad reservada por miedo a perder su trabajo, manifestaron haber sido amenazados si hablaban.
Según pudo determinar el fiscal, a partir del fallecimiento de Cellini, los responsables médicos de la clínica Pinzetta y Bellusci estuvieron en contacto telefónico con Teitelbaum y, “lejos de procurar una solución a los problemas de protección en materia de salud, estuvieron mayormente preocupados por salvaguardar su responsabilidad y complicar el cumplimiento de los requerimientos efectuados” por la jueza.
“No solo no existió conducta alguna para evitar la propagación tal como lo demanda la emergencia sanitaria en curso, sino que, peor aún, las conductas desplegadas, en efecto, incrementaron exponencialmente el riesgo de que la enfermedad se propague”, sostuvo el fiscal al solicitar las detenciones y allanamientos de sus domicilios.
Entre las conductas que les imputó, figuran: “Brindar un servicio de malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria; prohibir a los empleados utilizar medidas de protección sanitaria; no entregar a los empleados y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados; ocultar, manipular y conservar cadáveres positivos de Covid-19 de manera inadecuada; obligar a concurrir a la clínica al personal catalogado como sospechoso Covid-19; ocultar a la autoridad sanitaria la verdadera razón del fallecimiento de pacientes. Todo esto conociendo que estas conductas tenían alta probabilidad de derivar en la propagación de una enfermedad peligrosa para la salud”. Sobre la motivación, sostuvo que “por la prueba colectada se presume la maximización de la ganancia de la institución, reduciendo los costos de funcionamiento” como "la hipótesis mas firme”.
El abogado de Pinzetta y Teitelbaum –quienes permanecen detenidos en la sede de la calle Cavia de la Policía Federal– pidió sus excarcelaciones, pero le fueron denegadas por Arroyo Salgado, en línea con lo dictaminado por el fiscal Domínguez. La querella constituida por Maricel Menini, empleada de Menini Sepelios, la cochería contratada para el servicio fúnebre de Cellini. Menini, junto a su madre y su tío y dueños de la empresa de servicios fúnebres, también resultaron contagiados.
Esta decisión será apelada por Olmedo en las próximas horas. El abogado se quejó asimismo porque aún no pudo reunirse con sus clientes. “Por el tema del COVID, no pude juntarme con ellos, solo los vi un rato antes de sus indagatorias el sábado. Se está privando claramente del derecho de defensa”.
El letrado también presentó un pedido de prisión domiliciaria para Teitelbaum, que hasta ahora la magistrada no resolvió. “A cinco días de haber sido arrestado, en el contexto del COVID, la jueza no se pronunció, siendo que el empresario tiene 65 años, un cáncer de colon en tratamiento, toma medicación y está inmunodeprimido”.
La causa se abrió por una denuncia de Carlos Cellini, quien tuvo dudas sobre las causas de la muerte de su hermana el 6 de abril pasado. Pese a los síntomas que presentó Fátima –que había ingresado a principios de marzo por una infección urinaria–, Bellusci le negó que pudiera tratarse de un caso sospechosos de COVID. La mujer no fue tratada como posible caso sospechoso ni recibió un tratamiento en ese sentido.
Fuente: www.infobae.com/
